I. RESPECTO A LA EXCLUSIÓN JURÍDICA Y DE SEGURIDAD Volver

Cumplimiento de las Normas del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores involucrados en el conflicto armado, respetando de manera específica a todas las mujeres, sin distinción de etnia, credo, edad, orientación sexual, posición política, social, económica ni de ninguna otra índole, teniendo presente las siguientes consideraciones:

No involucrar las mujeres, menores de edad, niñas y niños en el conflicto armado; prohibición del reclutamiento forzado de mujeres y hombres.

Reubicación de las guarniciones militares y las sedes de los organismos de seguridad del Estado, en sitios donde no pongan en peligro la población civil.

Desmilitarización total de la vida civil, en el campo, la ciudad, los territorios indígenas y en las comunidades afro-descendientes.

Medidas Estatales de prevención y erradicación de las violaciones a los DDHH de las mujeres. Respeto a la integridad, libertad y dignidad humana de las mujeres tanto de parte del Estado como de los actores del conflicto armado.

Reconocimiento de facultades a las autoridades indígenas y autoridades estatales del orden local y regional para llegar a acuerdos humanitarios en zonas de conflicto armado, conducentes a la protección de los DDHH y territoriales de mujeres, hombres y menores de edad, donde las mujeres participen activa, directa y autónomamente.

Realización de Acuerdos Humanitarios para el intercambio de personas retenidas y secuestradas.

Prohibición del uso de armas no convencionales y bombardeos indiscriminados

Respeto absoluto de los actores armados al ámbito privado de las mujeres: prohibición de la invasión a sus viviendas; prohibición de intervenir en los conflictos familiares y comunitarios. Prohibición de la esclavitud doméstica y sexual de mujeres y niñas; prohibición a la intervención en las decisiones afectivas de las mujeres.

Respeto a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y menores por parte de los actores armados.

Prohibición de la utilización del cuerpo de las mujeres y las niñas como botín de guerra: ni acoso, ni abuso, ni violación sexual, ni esclavitud sexual.

Urgencia de que las cortes nacionales e internacionales investiguen y sancionen a todos los responsables de las infracciones del Derecho Internacional Humanitario contra las mujeres y las violaciones a sus Derechos Humanos. Exigencia de verdad, justicia y reparación para todas las mujeres y sus familias, víctimas del conflicto armado.

II. RESPECTO A LA EXCLUSIÓN ECONÓMICA. Volver

Política tributaria orientada a la redistribución del ingreso con equidad de género, lo cual supone utilizar los recaudos priorizando las mujeres, considerando su diversidad y las condiciones particulares de cada sector. Lo cual requiere del Estado:

Aumento del gravamen a los grandes patrimonios nacionales e internacionales, fiscalización de los balances económicos de las empresas, con la obligatoriedad de rendición pública de cuentas y ofrecimiento de descuentos en los impuestos a las empresas que generen empleo de calidad para las mujeres.

Reorientación del impuesto destinado hoy para la guerra hacia la inversión social, la población desplazada (especialmente mujeres, niñas y niños) y demás víctimas de la violencia social y el conflicto armado.

Establecimiento de un mayor impuesto a la rentabilidad del sector financiero, dirigido a garantizar créditos a las mujeres, especialmente a las campesinas, indígenas, afrocolombianas, raizales, rom (gitanas), cabezas de familia, madres comunitarias, microempresarias, trabajadoras informales y mujeres del sector de la economía solidaria.

Desmonte del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos y servicios de la canasta familiar (incluyendo anticonceptivos y productos sanitarios para mujeres, niños y niñas) y control de las tarifas de los servicios públicos, las cuales deben regirse por un nuevo sistema de estratificación que considere las condiciones económicas de cada familia.

Políticas para la defensa de los intereses estratégicos Colombianos frente a las transnacionales y multinacionales, para que el manejo democrático de sus recursos conlleve a un cambio del modelo neoliberal por otro que garantice Equidad Social y de Género; que regule la globalización de manera que el Estado cumpla su función social según la constitución política de 1991.

Conquistas hacia un nuevo modelo de desarrollo con Equidad Social y de Género:

Renegociación de la deuda externa con los organismos internacionales (BM, FMI, BID) y la banca privada.

Renegociación de la deuda interna con el sector financiero, que beneficie de manera específica a las mujeres.

Exigencia al gobierno del pago de la deuda social con las mujeres.

Revisión de las operaciones y rendición de cuentas de estos organismos ante los representantes de la Sociedad Civil colombiana y en ella a las organizaciones de mujeres.

Rendición de cuentas de los directores del Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministro de Hacienda a los representantes de la Sociedad Civil, específicamente al Movimiento Social de Mujeres.

Definición de unas estrategias metodológicas para que en las cuentas nacionales y en la medición del producto interno bruto (PIB), se contabilice y valore la riqueza que aporta el trabajo reproductivo de las mujeres: doméstico y comunitario.

Participación de las mujeres en la estrategia de asistencia a cada país (CAS) con énfasis en las políticas de género.

Desarrollo de una política de empleo digno y de ingresos con equidad de género para las mujeres trabajadoras.

Erradicar las ilícitas políticas neoliberales (ALCA, Plan Colombia, mega-proyectos y maquilas)

III. RESPECTO A LA EXCLUSIÓN SOCIAL y CULTURALVolver

Establecimiento de Políticas Públicas efectivas sobre Derechos Humanos de las mujeres, que promuevan una cultura de la noviolencia y el respeto a su diversidad multiétnica y pluricultural, que incluyan:

Reconocimiento de las mujeres indígenas, afrocolombianas, raizales, rom, campesinas, madres comunitarias, cabezas de hogar, desplazadas, sindicalistas, discapacitadas, lesbianas y demás mujeres de los distintos sectores sociales rurales y urbanos.

Reconocimiento, posicionamiento y legitimación del Movimiento Social de Mujeres como Sujeto Político Colectivo.

Establecimiento de políticas educativas multiétnicas, pluriculturales y de género, donde el Estado se responsabilice de la estabilidad y desarrollo humano de las distintas etnias y promueva el arraigo a sus tierras.

Prevención de la violencia intrafamiliar, el acoso, el abuso y la violación sexual de las mujeres, respeto a sus orientaciones sexuales y al manejo autónomo de sus cuerpos. Promoción de la libre decisión sobre la regulación de la fertilidad, la planificación familiar y embarazos no deseados, acompañados de programas que prevengan la morbimortalidad de niñas, jóvenes y adultas por estas causas.

Formulación de políticas culturales con perspectiva de género, generacional, multiétnica y pluricultural, especialmente desde el Ministerio de la Cultura.

Creación de programas oficiales en las distintas entidades del Estado, que desarrollen nuevos sistemas de valores y una ética civilista..

Formulación y desarrollo de una Política de Salud Pública con perspectiva de género que prioritariamente:
Eduque y prevenga el maltrato a las mujeres, niñas y niños.
Estimule la creación de Comisarías de Familia en los lugares donde no existan y fortalezca con recurso humano idóneo y recursos financieros las comisarías existentes.

IV. RESPECTO A LA EXCLUSIÓN TERRRITORIAL, RURAL Y AMBIENTAL.Volver

Reforma agraria integral, democrática, con perspectiva étnica y de género, hacia la justicia social, que incluya la participación decisoria de las organizaciones de mujeres en los espacios de formulación, concertación, ejecución y veeduría de las políticas públicas y programas territoriales. Que garantice para ellas:

Redistribución equitativa de la tierra y subsidio del 100%.

Desarrollo sostenible y sustentable con autonomía y soberanía alimentaria.

Condonación de deudas. Seguro de producción y cosecha. Mercado justo.

Créditos de fácil acceso y bajos intereses.<

Etnoeducación, capacitación gratuita, vivienda digna y seguridad social que incluya a las amas de casa urbanas y rurales.

Expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial con perspectiva de género, étnica, cultural, generacional, regional, urbana y rural con la participación activa de las organizaciones de mujeres en su formulación, concertación, ejecución y veeduría, que asegure:

El desarrollo integral del país.

El respeto de los territorios ancestrales y las culturas que le son propias.

Autonomía y manejo de la biodiversidad.

La soberanía sobre el cuidado de nuestros recursos naturales y genéticos.

El avance de normas democráticas ya logradas.

V. RESPECTO A LA EXCLUSIÓN POLÍTICA Y DE LO PÚBLICO.Volver

Exigencia al Estado de protección inmediata y cumplimiento de los mecanismos democráticos que permitan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y demás derechos de las mujeres en su diversidad, consagrados en la Constitución Política, incluyendo a l@s colombian@s residentes en el extranjero. Igualmente ratificación de los tratados internacionales relacionados con las mujeres, suscritos por el gobierno colombiano y el levantamiento de la salvedad de la Corte Penal Internacional.

Participación directa y autónoma de las organizaciones de mujeres en los diferentes procesos nacionales y locales de diálogo y negociación política del conflicto social y armado, que incluya y represente los intereses de la diversidad de Movimiento Social de Mujeres.

Garantías para la plena participación de las mujeres organizadas en los espacios sociales, políticos y económicos, con cuotas que faciliten la inclusión de las campesinas y las diversas etnias, con derecho a la negociación colectiva en las instituciones públicas y privadas.